EUA sanciona a dos mexicanos y nueve empresas por red de huachicol vinculada al CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas por su presunta participación en una red de robo y contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la dependencia estadounidense, la organización utilizaba empresas fachada, documentos aduaneros falsificados y operaciones de contrabando transfronterizo para evadir impuestos en México y obtener ingresos millonarios destinados al financiamiento del grupo criminal.

Entre los principales señalados se encuentra Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por las autoridades estadounidenses como operador financiero del CJNG y responsable de diseñar parte de la estructura económica utilizada para el tráfico ilícito de combustibles.

El Departamento del Tesoro indicó que Juraidini Silva presuntamente creó y administró empresas fachada, además de falsificar documentación aduanera para facilitar el traslado ilegal de combustible entre México y Estados Unidos.

Según la investigación, gran parte del combustible era distribuido a empresas operadoras de estaciones de servicio, las cuales posteriormente lo comercializaban al público, generando ganancias de decenas de millones de dólares que beneficiaban a la organización criminal.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló que estas sanciones evidencian la diversificación de las actividades ilícitas de los cárteles mexicanos, que además del narcotráfico han ampliado sus operaciones hacia delitos como el robo y contrabando de hidrocarburos para fortalecer sus finanzas.

Las sanciones implican el bloqueo de bienes e intereses en territorio estadounidense, además de prohibir a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con las personas y compañías incluidas en la lista de la OFAC.

El Gobierno de Estados Unidos reiteró que continuará utilizando herramientas financieras y económicas para combatir las estructuras de financiamiento de las organizaciones criminales transnacionales y limitar su capacidad operativa.

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